La medida permite que determinadas inversiones de comunidades con superávit no computen a efectos de la regla de gasto, aunque sí cuenten para estabilidad presupuestaria. Ocho comunidades aparecen entre las beneficiarias según la referencia oficial.
La cuestión liberal interesante es de diseño institucional: premiar disciplina sin convertir una excepción en una vía permanente para eludir límites.