La norma introduce una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta: en ausencia de pacto, el incremento no puede superar el 2 %, y para grandes tenedores el límite opera incluso con nuevo pacto. La medida se extiende hasta el final de 2027.
Desde una perspectiva liberal, el análisis debe separar efectos distributivos inmediatos de efectos sobre oferta, mantenimiento, selección de inquilinos y entrada de nueva vivienda.
OrdoliberalismoAnalizaría barreras de oferta, competencia y diseño de la regla antes de concluir.
MinarquismoRechazaría en general fijar el precio contractual salvo para reparar fraude o vulneración de derechos.
Libertarismo pragmáticoSepararía protección temporal de reformas estructurales de oferta y mediría ambos efectos.