Una cosecha muy grande parece, a primera vista, una buena noticia. Hay más producto. El problema aparece cuando la cantidad que llega al mercado crece mucho más deprisa que la cantidad que los compradores quieren adquirir al precio anterior.
Entonces ocurre algo bastante normal: los vendedores compiten por colocar su producto y el precio recibe presión a la baja.
Para la campaña 2026/27, el Ministerio de Agricultura está tramitando una norma que permitiría intervenir precisamente en ese punto. Si se cumplen las condiciones previstas, una parte del aceite podría retirarse temporalmente del mercado hasta la campaña siguiente o destinarse a usos no alimentarios.
Todavía no significa que se haya ordenado retirar aceite. Tampoco significa que vaya a retirarse el 20 % de la producción. Ese 20 % aparece como límite máximo en el proyecto que ha analizado la CNMC; la eventual activación y el porcentaje concreto dependerían de las condiciones y decisiones posteriores. En la campaña 2025/26 se aprobó un mecanismo equivalente, pero finalmente no se activó porque no se alcanzaron los volúmenes exigidos.
La retirada no «crea» valor. Reduce la oferta disponible para intentar evitar que una abundancia extraordinaria hunda los precios.
El propio marco europeo que permite estas normas pone límites claros. La medida debe ser proporcional, no puede fijar precios y no puede bloquear una proporción excesiva de la producción que normalmente estaría disponible.
¿Por qué querría alguien hacer esto?
Porque el otro lado del precio bajo es el ingreso del productor.
Una caída muy rápida puede afectar especialmente a explotaciones con costes altos o menor productividad. El Real Decreto 84/2021 justifica este tipo de instrumentos por el riesgo de desequilibrios en campañas de gran disponibilidad y por la necesidad de dar estabilidad a un sector en el que conviven modelos productivos muy distintos.
Ese argumento no es absurdo. Una explotación agraria no puede encender y apagar olivos según el precio de cada semana. La producción responde con lentitud, depende del clima y soporta costes antes de saber exactamente cómo será el mercado de la campaña.
La discusión seria empieza ahí, no termina ahí.
La CNMC analiza la medida precisamente como respuesta a una posible sobreoferta y pide demostrar la necesidad y proporcionalidad de la intervención, cuantificar efectos sobre precios, consumo y rentabilidad, limitar la retirada al mínimo necesario y vigilar especialmente el impacto sobre consumidores de menor renta.
El punto liberal
Desde una perspectiva liberal, una caída de precios provocada por una cosecha abundante no es automáticamente un fallo que deba corregirse. También es información: le dice al consumidor que el producto es abundante y al productor que la oferta ha crecido respecto de la demanda.
Pero tampoco hace falta convertir esa intuición en dogma. Los mercados agrícolas tienen rigideces, ciclos y riesgos reales. Una medida temporal puede defenderse si el problema está bien demostrado y si supera una comparación seria con alternativas menos restrictivas.
La pregunta útil no es «¿Estado sí o Estado no?». Es otra: ¿qué problema concreto queremos resolver, cuánto producto estamos impidiendo que llegue al mercado, quién gana con esa decisión, quién paga el coste y cómo sabremos después si funcionó?
La abundancia no deja de existir porque la apartemos de la estantería. Solo cambia la forma en la que sus efectos se reparten.