La ley también debe protegerte de quien gobierna

Imagina que recibes una multa que consideras injustificada. La administración tiene recursos, personal y capacidad para imponerte obligaciones. Tú necesitas algo más sólido que esperar a que cambie el responsable político: reglas que vinculen también a quien te sanciona.

El ejemplo no presupone que tengas razón ni que un recurso vaya a prosperar. Explica por qué importa poder discutir una actuación pública sin depender de la simpatía del gobernante.

La ley alcanza también a los poderes públicos

El artículo 9 de la Constitución sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento. Reconoce, entre otras garantías, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos. La autoridad no queda fuera de las reglas por haber recibido votos.

El artículo 106 atribuye a los tribunales el control de la potestad reglamentaria, de la legalidad de la actuación administrativa y de su sometimiento a los fines que la justifican. Son garantías concretas, no una promesa de que cualquier desacuerdo político tenga idéntica vía judicial.

Votar y controlar cumplen funciones distintas

Una elección permite decidir quién ocupa responsabilidades políticas. Un control jurídico examina si se han respetado las normas aplicables. Confundir ambos planos conduce a una idea peligrosa: que quien gana puede tratar los límites legales como obstáculos ilegítimos.

John Stuart Mill planteó en el primer capítulo de Sobre la libertad que el carácter electivo del gobierno no elimina el problema del poder sobre el individuo. Su argumento permite comprender una preocupación liberal duradera: también una mayoría puede imponer cargas a quienes no comparten sus preferencias.

Los controles también necesitan controles

El artículo 117 establece la independencia de jueces y magistrados y atribuye a juzgados y tribunales la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Eso describe una arquitectura de garantías. No demuestra que toda decisión judicial sea correcta ni que su funcionamiento práctico sea perfecto.

Nuestra posición editorial es exigir límites que sobrevivan al cambio de partido. Si defendemos una garantía solo cuando protege a los nuestros, estamos defendiendo una ventaja. La prueba consiste en aceptar que también ampare a una persona con la que discrepamos.

Una garantía vale especialmente cuando el poder prefiere ignorarla. La pregunta liberal es si seguirías defendiendo esas mismas reglas cuando estorban al gobierno que has votado. Ahí empieza una protección que no depende de quién mande.